El 28 de julio de 2006 se vivió en El Prat una jornada “particular” que dejó a medio mundo anonadado ante un hecho insólito: los trabajadores del servicio de tierra se negaron a trabajar después de que Iberia perdiese la concesión del handling, la asistencia a tierra a pasajeros, aeronaves y mercancías.
Hoy se cumple un año de la huelga que colapso el aeropuerto de El Prat, que canceló 544 vuelos y dejó 100.000 pasajeros en tierra. Ante la indignación ciudadana, las administraciones anunciaron un conjunto de medidas sancionadoras contra Iberia y los huelguistas. Un año más tarde, el Estado no ha recuperado los 7,4 millones de euros que perdió en forma de indemnizaciones a parte de los afectados, de servicios de comedor y limpieza y de horas extras del personal. Aena, el organismo público que gestiona los aeropuertos, denunció a Iberia y se abrió un procedimiento judicial contra la compañía, que aun se encuentra en tramitación, por los perjuicios económicos. La sentencia ... ¿? aún no ha sido dictada, y, en consecuencia, Iberia todavía no ha tenido que afrontar ningún pago.
El conflicto laboral que motivó la protesta se solventó en parte con la constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Iberia y uno de los adjudicatarios del handling, Globalia, lo que permitió reducir el número de trabajadores de la aerolínea subrogados a otros operadores. Sin embargo, fuentes sindicales han explicado a diferentes medios de comunicación que la situación laboral ha empeorado en el último año, “la rotación de personal por los sueldos bajos se traducen en un mal servicio al viajero” aseguran los sindicatos. Los sindicatos también denuncian la falta de trabajadores y piden a Aena que cuantifique el personal que será necesario una vez las nuevas infraestructuras de El Prat entren en funcionamiento.
En paralelo a la situación laboral, el caos de El Prat sigue su periplo en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Prat de Llobregat abrió diligencias tras las invasión de las pistas por parte de los trabajadores por presuntos delitos de sedición y desórdenes públicos. El primero prevé hasta penas de prisión a quien impida el tráfico aéreo.
Durante este año de instrucción se ha ido tomando declaración a los empleados y a los testigos. 215 empleados han sido interrogados, primero por la Guardia Civil y después en el juzgado, como imputados y la instrucción está prácticamente hecha, aunque se prevé aún una tarea árdua para delimitar el grado de responsabilidad de cada uno de los empleados. Ahora se está pendiente de la prueba pericial que consiste en identificar a los imputados en las imágenes fotográficas y de vídeo aportadas a la causa. La jueza admitió como prueba las imágenes que aparecieron en los medios y cámaras de seguridad. Más de ocho horas de filmaciones que deberían permitir identificar a los trabajadores.
Al margen del procedimiento judicial, hubo también sanciones por parte de la empresa. 59 empleados fueron suspendidos de empleo y sueldo. Los afectados anunciaron recursos individuales ante el tribunal laboral. De hecho, un juzgado de lo Social de Barcelona falló el abril contra Iberia obligándole a retirar la sanción de 45 días de suspensión de empleo y sueldo a uno de los empleados, de la CGT.
Un año después, todo o casi todo sigue igual ... Catalunya, primera región turística de España sigue en una situación de precariedad, con sus infraestructuras básica deficientes o muy deficientes y desde hace unos días “a media luz” (como en el conocido tango).
Hoy se cumple un año de la huelga que colapso el aeropuerto de El Prat, que canceló 544 vuelos y dejó 100.000 pasajeros en tierra. Ante la indignación ciudadana, las administraciones anunciaron un conjunto de medidas sancionadoras contra Iberia y los huelguistas. Un año más tarde, el Estado no ha recuperado los 7,4 millones de euros que perdió en forma de indemnizaciones a parte de los afectados, de servicios de comedor y limpieza y de horas extras del personal. Aena, el organismo público que gestiona los aeropuertos, denunció a Iberia y se abrió un procedimiento judicial contra la compañía, que aun se encuentra en tramitación, por los perjuicios económicos. La sentencia ... ¿? aún no ha sido dictada, y, en consecuencia, Iberia todavía no ha tenido que afrontar ningún pago.
El conflicto laboral que motivó la protesta se solventó en parte con la constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Iberia y uno de los adjudicatarios del handling, Globalia, lo que permitió reducir el número de trabajadores de la aerolínea subrogados a otros operadores. Sin embargo, fuentes sindicales han explicado a diferentes medios de comunicación que la situación laboral ha empeorado en el último año, “la rotación de personal por los sueldos bajos se traducen en un mal servicio al viajero” aseguran los sindicatos. Los sindicatos también denuncian la falta de trabajadores y piden a Aena que cuantifique el personal que será necesario una vez las nuevas infraestructuras de El Prat entren en funcionamiento.
En paralelo a la situación laboral, el caos de El Prat sigue su periplo en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Prat de Llobregat abrió diligencias tras las invasión de las pistas por parte de los trabajadores por presuntos delitos de sedición y desórdenes públicos. El primero prevé hasta penas de prisión a quien impida el tráfico aéreo.
Durante este año de instrucción se ha ido tomando declaración a los empleados y a los testigos. 215 empleados han sido interrogados, primero por la Guardia Civil y después en el juzgado, como imputados y la instrucción está prácticamente hecha, aunque se prevé aún una tarea árdua para delimitar el grado de responsabilidad de cada uno de los empleados. Ahora se está pendiente de la prueba pericial que consiste en identificar a los imputados en las imágenes fotográficas y de vídeo aportadas a la causa. La jueza admitió como prueba las imágenes que aparecieron en los medios y cámaras de seguridad. Más de ocho horas de filmaciones que deberían permitir identificar a los trabajadores.
Al margen del procedimiento judicial, hubo también sanciones por parte de la empresa. 59 empleados fueron suspendidos de empleo y sueldo. Los afectados anunciaron recursos individuales ante el tribunal laboral. De hecho, un juzgado de lo Social de Barcelona falló el abril contra Iberia obligándole a retirar la sanción de 45 días de suspensión de empleo y sueldo a uno de los empleados, de la CGT.
Un año después, todo o casi todo sigue igual ... Catalunya, primera región turística de España sigue en una situación de precariedad, con sus infraestructuras básica deficientes o muy deficientes y desde hace unos días “a media luz” (como en el conocido tango).
